Los organizadores de la iniciativa «Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea» reclaman que se prohíban las intervenciones destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de los ciudadanos LGBTIQ+. En particular, los organizadores piden a la Comisión que proponga una directiva que añada las prácticas de conversión a la lista de delitos de la UE o que modifique la propuesta de Directiva sobre igualdad para incluir una prohibición de las prácticas de conversión. Los organizadores también reclaman que se modifique la Directiva 2012/29/UE relativa a los derechos de las víctimas para establecer normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de las prácticas de conversión.
La «Iniciativa Ciudadana Europea en Defensa de la Agricultura y la Economía Rural en Europa» reclama la protección de la agricultura y la economía rural europeas mediante una normativa basada en varios elementos, tales como el uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos, la garantía de la soberanía alimentaria y la resolución de los problemas de la cadena alimentaria y los elevados precios. Los organizadores también reclaman que se establezca un Plan Hidrológico Europeo para garantizar el suministro y la distribución de agua en toda la UE, y una Agencia Europea de Agricultura y Economía Rural para velar por la protección de la agricultura y la economía rural en los procesos de toma de decisiones de la UE.
La decisión de registro de una iniciativa se basa en un análisis jurídico de su admisibilidad en virtud del Reglamento sobre la ICE. No prejuzga la recogida de firmas por parte de los organizadores ni las posibles conclusiones jurídicas y políticas de la Comisión sobre estas iniciativas y las medidas que adoptaría en caso de que alguna de estas iniciativas obtenga el apoyo necesario de un millón de ciudadanos europeos.
Puesto que ambas iniciativas ciudadanas europeas cumplen las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente, la Comisión considera que son jurídicamente admisibles. La Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de las iniciativas.
Próximas etapas
Tras el registro de hoy, los organizadores disponen de seis meses para proceder a la recogida de firmas. Si una ICE consigue, en el plazo de un año, un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá decidir si da curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.
Antecedentes
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea como herramienta en manos de los ciudadanos para definir la agenda política. Se puso en marcha oficialmente en abril de 2012. Una vez registrada oficialmente, la ICE permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo. Los requisitos de admisión son los siguientes: 1) que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, 2) que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria, 3) que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Desde la puesta en marcha de la ICE, la Comisión ha registrado 109 iniciativas.
Más información
Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea
Iniciativa Ciudadana Europea en Defensa de la Agricultura y la Economía Rural en Europa
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Foro de la Iniciativa Ciudadana Europea
