Bruselas, 2 de diciembre de 2021
La Comisión ha emprendido hoy acciones legales contra 18 Estados miembros por no garantizar la correcta puesta en ejecución de las normas de la UE para evaluar la proporcionalidad de las nuevas regulaciones de profesiones.
La Directiva de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones exige a los Estados miembros que se aseguren de que todos los requisitos que introducen para las profesiones sean necesarios y equilibrados. La Directiva establece una serie de criterios para evitar normas nacionales innecesariamente gravosas, que puedan dificultar a los candidatos cualificados el acceso a una amplia gama de profesiones o su ejercicio. No implementar adecuadamente las normas de la UE relativas al test de proporcionalidad podría, en última instancia, perjudicar a los consumidores debido a precios excesivos, dificultar el desarrollo de servicios innovadores o incluso limitar el acceso a servicios importantes. La Directiva es una poderosa herramienta para facilitar a los profesionales de toda la UE el acceso a las actividades reguladas y su ejercicio. Las medidas tomadas hoy para garantizar su correcta puesta en ejecución contribuirán a prevenir o eliminar las barreras desproporcionadas en el mercado único, en consonancia con los objetivos del Plan de Acción para el Cumplimiento de la Normas del Mercado Único.
Esta cuestión afecta a muchos europeos: aproximadamente cincuenta millones de personas, el 22 % de la población activa europea, desempeñan profesiones cuyo acceso está restringido a profesionales con cualificaciones específicas o en las que está protegido el uso de un título concreto, como puede ser el caso de los abogados o los farmacéuticos. A menudo existen también requisitos específicos sobre cómo puede ejercerse la profesión, por ejemplo, limitaciones sobre quién puede poseer las acciones de las empresas o sobre cómo pueden anunciarse los servicios. Garantizar que estas normas estén justificadas y sean proporcionadas supone beneficios concretos para los ciudadanos europeos, tanto para los profesionales como para los consumidores.
Tras evaluar exhaustivamente las medidas nacionales de transposición, la Comisión constató que algunos Estados miembros no habían implementado correctamente varios requisitos y que existía el riesgo de que la Directiva no fuera eficaz en la práctica. Por consiguiente, ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
Los problemas más importantes detectados por la Comisión son los siguientes:
Todos los Estados miembros afectados disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. De no hacerlo, la Comisión podría optar por enviarles un dictamen motivado.
Si bien las acciones legales están a veces justificadas, la Comisión también colabora estrechamente con los Estados miembros para garantizar que la regulación profesional sea «adecuada a los fines perseguidos».
En julio de 2021, la Comisión adoptó recomendaciones de reforma actualizadas sobre la regulación de siete servicios empresariales profesionales: arquitectos, ingenieros, abogados, contables, agentes de patentes, agentes inmobiliarios y guías turísticos. Estas recomendaciones ayudan a detectar posibles áreas de la normativa nacional actualmente en vigor susceptibles de reforma.
Aunque la Comisión concluyó que los avances habían sido muy limitados desde la adopción de la primera serie de recomendaciones en 2017, algunos Estados miembros sí que introdujeron reformas útiles:
La Comisión y los Estados miembros también colaboran en el contexto del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único (SMET) con el fin de abordar los obstáculos al mercado único, incluidos, entre otros, los controles previos de las cualificaciones para la prestación temporal de servicios y los requisitos excesivos de documentación que debe facilitarse para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
En septiembre de 2021, el SMET publicó su primer informe, que muestra resultados tangibles: tras solo unos meses de funcionamiento del Grupo de Trabajo se habían suprimido los requisitos de control previo de las cualificaciones para más de 210 profesiones. Los Estados miembros también están analizando sus normas y prácticas vigentes para determinar cuáles pueden suprimirse.
Los ciudadanos o las empresas de la UE que se enfrenten a obstáculos en otro Estado miembro pueden obtener ayuda específica a través de la red SOLVIT. Esta red de centros de las administraciones nacionales resuelve problemas relacionados con la incorrecta aplicación de las normas de la UE por parte de las autoridades nacionales. Con respecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, SOLVIT ha ayudado a más de 260 profesionales en 2019-2020 con problemas relacionados con el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y ha logrado soluciones satisfactorias en el 80 % de los casos.
Por ejemplo, recientemente SOLVIT ayudó a un técnico alimentario cualificado en Estonia con varios años de experiencia profesional en este ámbito. Este técnico quería obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en Chipre, pero las autoridades chipriotas exigieron un reconocimiento académico de su título. SOLVIT señaló que esto no se ajustaba a las normas de la UE, cuyo objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral en otro país. Las autoridades chipriotas admitieron la argumentación, aceptaron las cualificaciones estonias y prosiguieron el procedimiento de reconocimiento profesional. Gracias a SOLVIT, se reconocieron sus cualificaciones y el solicitante pudo empezar a trabajar en su ámbito laboral en Chipre.
La Directiva relativa al test de proporcionalidad se adoptó el 28 de junio de 2018 como una de las cuatro iniciativas del paquete de servicios de 2017. La fecha límite para que los Estados miembros implementasen las nuevas normas era 30 de julio de 2020.
La Directiva tiene por objeto evitar obstáculos innecesarios para el acceso a las actividades reguladas y su ejercicio por parte de los profesionales, para lo cual exige a los Estados miembros que, antes de adoptar cualquier nueva regulación de profesiones, evalúen su proporcionalidad sobre la base de un conjunto común de criterios. Además, la Directiva contribuye a la transparencia del proceso legislativo al exigir que estas evaluaciones se hagan públicas a través de la base de datos de profesiones reguladas, y pide a los Estados miembros que informen e involucren adecuadamente a todas las partes interesadas pertinentes durante la evaluación de la proporcionalidad. Asimismo, los Estados miembros deben seguir supervisando la proporcionalidad de las normas tras su adopción y deben tener en cuenta cualquier evolución relevante, como la innovación tecnológica.
Procedimiento de infracción de la UE
Ciclo de infracciones de diciembre
Fuente: Comisión Europea Representación en España
Audiovisual: EC AV Portal
