La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Bélgica (INFR(2022)0332), Chequia (INFR(2022)0346), Irlanda (INFR(2022)0370), Grecia (INFR(2022)0353), España (INFR(2022)0355), Francia (INFR(2022)0360), Croacia (INFR(2022)0362), Chipre (INFR(2022)0341), Luxemburgo (INFR(2022)0374), Austria (INFR(2022)0328) y Eslovenia (INFR(2022)0393) por no notificar las medidas nacionales por las que se transponen plenamente los derechos de la UE en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (Directiva (UE) 2019/1158). La Directiva tiene por objeto fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en el mercado laboral, promoviendo el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre los progenitores. Garantiza que los padres tengan derecho a disfrutar de al menos diez días laborables de permiso de paternidad en torno al momento del nacimiento de un hijo. La Directiva también establece un mínimo de cuatro meses de permiso parental, con al menos dos de los cuatro meses remunerados e intransferibles de un progenitor a otro. Establece un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año para los trabajadores que presten cuidados personales o ayuda a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar. Además, da a todos los cuidadores y progenitores que trabajen a cargo de niños de hasta ocho años el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible. La fecha límite de transposición de la Directiva era el 2 de agosto de 2022. El 21 de septiembre de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a diecinueve Estados miembros por no haber comunicado las medidas de transposición de dicha Directiva. Tras analizar sus respuestas, la Comisión constató que la Directiva aún no se ha transpuesto plenamente en once Estados miembros, por lo que ha decidido dar otro paso en los procedimientos de infracción enviando un dictamen motivado a Bélgica, Chequia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Austria y Eslovenia. Dichos Estados miembros disponen ahora de dos meses para tomar las medidas necesarias para atenerse al dictamen motivado. De no hacerlo, la Comisión podría optar por llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se puede acceder en línea al comunicado completo de prensa aquí.

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España (INFR(2022)0075) por no notificar las medidas de transposición de las nuevas normas de la Unión sobre la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (Directiva (UE) 2020/1151). La Directiva establece un sistema de certificación a escala de la Unión para los pequeños productores y productores artesanales de alcohol, que facilita el acceso de estos a tipos reducidos de impuestos especiales en toda la Unión. El plazo que tenían los Estados miembros para transponer esta Directiva concluyó el 31 de diciembre de 2021. En enero de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a once Estados miembros, entre ellos España, porque no habían transpuesto la Directiva. Hasta la fecha, España no ha notificado ninguna medida de transposición a la Comisión y dispone ahora de dos meses para cumplir la obligación de transposición y notificarlo a la Comisión; de no hacerlo, esta podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España (INFR(2022)0356) por no notificar medidas de transposición a la legislación nacional de la Directiva sobre factores de sostenibilidad (Directiva (UE) 2021/1269). España no ha transpuesto la Directiva en el plazo que finalizó el 21 de agosto de 2022. La Directiva forma parte del Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible» de la Comisión. Uno de los objetivos del plan es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. La Directiva aclara la necesidad de que los factores de sostenibilidad y los objetivos relacionados con la sostenibilidad se tengan en cuenta en el proceso de gobernanza y control de los productos de las empresas de servicios de inversión que producen instrumentos financieros y sus distribuidores. España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias; de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.