Bruselas, 20 de julio de 2021
La Comisión Europea ha publicado hoy el segundo informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho, con una Comunicación en la que se analiza la situación en la UE en su conjunto y capítulos específicos sobre cada Estado miembro. El informe de 2021 examina lo acontecido desde el pasado mes de septiembre, profundizando en la evaluación de los problemas detectados en el informe anterior y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. En general, el informe muestra muchos avances positivos en los Estados miembros, incluidos los ámbitos en los que se están abordando los retos señalados en el informe de 2020. Sin embargo, siguen existiendo preocupaciones, que en algunos Estados miembros han aumentado, por ejemplo en lo que se refiere a la independencia del poder judicial y a la situación en los medios de comunicación. El informe también subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la pandemia de COVID-19. Esta pandemia también puso de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho.
La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: «El Informe sobre el Estado de Derecho es un instrumento preventivo útil que ha estimulado el necesario debate entre los Estados miembros y otros agentes. La segunda edición muestra que los Estados miembros pueden avanzar en cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Sin embargo, esto ha sido desigual y hay motivos de grave preocupación en varios Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la independencia del poder judicial. Además, dos periodistas de investigación fueron asesinados en los últimos meses, lo que es inaceptable. El informe pide que se adopten medidas decisivas para mejorar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. A lo largo del próximo año, esperamos que las conclusiones del informe de 2021 nutran los debates entre los Estados miembros, ya que trabajan para reforzar el Estado de Derecho».
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha declarado: «Durante este último año, el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 ha fomentado reformas positivas relacionadas con el Estado de Derecho en una serie de Estados miembros. Además, el Consejo de Ministros lo utilizó para modernizar su diálogo sobre el Estado de Derecho, con debates periódicos por país. También he debatido el informe en 20 Parlamentos nacionales. Este año hemos seguido profundizando nuestra evaluación, que se benefició de un alcance aún mayor que el año pasado. El informe puede ayudarnos a mantener un verdadero diálogo como Unión, codo con codo, en un espíritu honesto y abierto. Este informe de 2021, que se beneficia del de 2020, fomentará este proceso».
Principales conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros
El informe de 2021 se basa en la metodología y el alcance del informe anterior, centrándose en los cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación; otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios.
Casi todos los Estados miembros están llevando a cabo reformas relacionadas con sus sistemas judiciales, aunque con variaciones en cuanto a objetivos, alcance, forma y progreso. En varios se han adoptado o se están tomando medidas para reforzar la independencia judicial mediante reformas relacionadas con los consejos judiciales, el nombramiento de jueces y la independencia y autonomía de la fiscalía, por ejemplo. Sin embargo, algunos han seguido llevando a cabo reformas que reducen sus garantías de independencia judicial, suscitan preocupación o agravan las existentes relacionadas con una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento de su sistema judicial. Además, en otros, los ataques políticos y los reiterados intentos de socavar a jueces o instituciones judiciales cuestionan aún más la independencia judicial. Desde la adopción del informe de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE ha reafirmado la importancia de la tutela judicial efectiva para la defensa del Estado de Derecho. Por último, la pandemia de COVID-19 ha dado un nuevo sentido a la urgencia de modernizar los sistemas judiciales y puesto de relieve el potencial de la digitalización.
Los Estados miembros de la UE siguen figurando entre los países con mejores resultados a escala mundial, y 10 de ellos se encuentran entre los 20 países más importantes del mundo considerados menos corruptos. Varios Estados miembros están adoptando o revisando actualmente estrategias o planes de acción nacionales contra la corrupción. Muchos de ellos adoptaron medidas para reforzar los marcos de prevención e integridad de la corrupción, incluidas normas sobre conflictos de intereses, transparencia de los grupos de presión y «puertas giratorias». Sin embargo, siguen existiendo dificultades, en particular en relación con investigaciones penales, enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos Estados miembros. En varios Estados miembros siguieron apareciendo casos de corrupción importantes o muy complejos. Los recursos asignados a la lucha contra la corrupción no siempre son adecuados en algunos Estados miembros, mientras que en otros persisten preocupaciones sobre la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento y la resolución de grandes casos de corrupción. En general, la pandemia ha lentificado las reformas y las decisiones en casos de corrupción en algunos Estados miembros.
Durante la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en Europa sufrieron una fuerte presión. Con el mayor número de alertas de seguridad de los periodistas y los trágicos acontecimientos recientes, es necesario abordar esta cuestión en toda la UE. El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2021 (una fuente clave de información para el informe sobre el Estado de Derecho) apunta a un deterioro general de la situación de los periodistas en varios Estados miembros. No todos los reguladores de los medios de comunicación están libres de influencia política y existe un alto riesgo de interferencia política en los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, los medios han sido cruciales para mantener informados a los ciudadanos durante la pandemia de COVID-19, a pesar de que una serie de restricciones dificultaron el trabajo de los periodistas. La pandemia también ha desencadenado graves retos económicos para el sector, lo que ha llevado a algunos Estados miembros a adoptar sistemas de apoyo a los medios de comunicación. Este apoyo debe aplicarse de manera transparente y equitativa.
Desde el año pasado, algunos Estados miembros han seguido emprendiendo reformas constitucionales para reforzar los controles y las salvaguardias. Algunos han adoptado recientemente medidas para aumentar la transparencia de la elaboración de la legislación y mejorar la participación de los ciudadanos. En general, los controles y equilibrios nacionales, incluidos los Parlamentos, los tribunales, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes, han desempeñado un papel crucial durante la pandemia de COVID-19, que ha sido una prueba de resistencia para el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen retos para el proceso legislativo, como cambios repentinos, procedimientos acelerados o el sistema de control constitucional. La sociedad civil sigue beneficiándose de un entorno favorable en la mayoría de los Estados miembros, pero en algunos sigue enfrentándose a graves retos, como amenazas deliberadas de las autoridades, protección inadecuada frente a ataques físicos o verbales o un nivel inadecuado de protección de los derechos fundamentales que garantizan su trabajo. Estos retos se han visto exacerbados por el contexto de la pandemia de COVID-19. Una serie de acontecimientos recientes han suscitado preocupación en relación con el respeto de la primacía del Derecho de la UE, esencial para el funcionamiento del ordenamiento jurídico de la UE y la igualdad de los Estados miembros en la UE.
Próximas etapas
La adopción del Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 marca el inicio de un nuevo ciclo de diálogo y seguimiento. La Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a que prosigan sus debates generales y específicos por país sobre la base de este informe, y pide a los Parlamentos nacionales y a otros actores clave que sigan intensificando los debates nacionales. La Comisión invita a los Estados miembros a afrontar eficazmente los retos señalados en el informe y está dispuesta a ayudarles en estos esfuerzos.
Contexto
El informe es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas y se refiere a todos los Estados miembros de manera objetiva e imparcial. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde la adopción del primer informe anual y sigue un planteamiento coherente, pues aplica la misma metodología a todos los Estados miembros, pero sigue siendo proporcionado a la evolución de la situación. El alcance y la metodología de la edición de 2021 son los mismos que en el primer Informe anual sobre el Estado de Derecho, adoptado en septiembre de 2020.
El informe ocupa un lugar central en el mecanismo del Estado de Derecho. Este mecanismo es un ciclo anual dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o profundización de problemas. Sus principales objetivos son mejorar la comprensión y la concienciación sobre las cuestiones y las novedades significativas, detectar las dificultades en materia de Estado de Derecho y ayudar a los Estados miembros a encontrar soluciones con el apoyo de la Comisión y de los demás Estados miembros. También permite a los Estados miembros intercambiar buenas prácticas, debatir entre sí y aprender unos de otros.
El mecanismo tienes fines preventivos. Es independiente de los demás elementos del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y no sustituye a los mecanismos basados en el Tratado para que la UE responda a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores fundacionales de la Unión con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
También existe un estrecho vínculo con las políticas de la UE para lograr la recuperación económica: sistemas judiciales fuertes, un marco sólido de lucha contra la corrupción y un sistema legislativo claro y coherente, la protección de los intereses financieros de la UE y un crecimiento sostenible. Se trata de un motor clave para la labor de los instrumentos de la UE, que promueven reformas estructurales en los Estados miembros.
Adjuntamos “Country Chapter on the rule of law situation in Spain”.
Más información
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021: Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021: capítulos por país
Conjunto de instrumentos del Estado de Derecho de la UE: Ficha informativa
Conjunto de instrumentos del Estado de Derecho de la UE: Ficha informativa
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021: preguntas y respuestas
Fuente: Comisión Europea Representación en España
Audiovisual: Rule of Law
